Bitácora del ciudadano de a pie.
Es el sentido común, estúpido.
Hay veces en que la reflexión no es necesaria para aprehender una situación externa que, a pesar de las mil voces que la pintan de un modo diferente a como la percibimos como sujetos, seguiremos percibiéndola a nuestro modo. Es el sentido común.
La situación externa que quiero referir aquí tiene un nombre: judicialización de la política, y su contracara, la politización de la justicia.
Los ciudadanos corrientes, en líneas generales, sabemos, es decir conocemos, que la politización de la justicia forma parte del poder político. La mejor forma que tiene el político profesional (que obra en representación de intereses sectoriales) de hacerse amigo del juez, es poner jueces amigos en la justicia. Esta realidad, que los ciudadanos del común conocemos por el sólo hecho de vivir y registrar lo que se da, lo que se observa, lo que se repite, es algo así como la maldición de la justicia. Una suerte de condena bíblica que hace que los ciudadanos miremos con desconfianza al juez, a los jueces, al sistema de justicia.
Cuando éramos estudiantes y se nos saturaba con la cháchara que elabora la doctrina política y aún la filosofía política, en el capítulo justicia se nos derrumbaban en forma súbita todos los relatos ante la mera lectura, por ejemplo, de la Acordada del 10 de setiembre de 1930.
Y sin ser estudiantes, sino meros espectadores de televisión, por ejemplo, aquella famosa escena captada por las cámaras de TN en la farsa de la justicia catamarqueña que fue el primer juicio por el crimen de María Soledad Morales (que motivó la primera movilización masiva, espontánea, autoconvocada y nacional de nuestra época hiper mediática), mostró en toda su obscenidad al juez amigo del poder, a la politización de la justicia.
Mal que les pese a los señores magistrados, los ciudadanos del común tenemos para nos como algo incorporado y nos es de sentido común que la politización del sistema de adminstración de justicia forma parte de las reglas del juego del poder, y que toda causa que roce o toque al poder o a los poderosos dependerá, en definitiva, de qué juez toque en suerte. Es más, muchos entre los ciudadanos del común tenemos, no ya una percepción firme sino una fuerte sospecha, de que ni siquiera la suerte interviene en esa distribución. Hay veces en las que no pocos entre los ciudadanos del común leen que tal causa se ventilará en un juzgado tal o cual porque surgió de un sorteo; hay veces, repito, que no falta el ciudadano que ante esa noticia se cague de risa.
¿Creemos acaso los hombres corrientes que no existen jueces capaces de obrar conforme a su conciencia, a las leyes, a la doctrina (a alguna doctrina) del Derecho y a su sentido de la Justicia? No, de ninguna manera. Creemos firmemente que tales jueces existen. Y esa creencia se sotiene con el conocimiento de fallos que así lo demuestran. Y no solamente en fallos concretos, sino en actitudes individuales como el apartamiento de una causa. No, yo en ésta no puedo juzgar porque me corresponde las generales de la ley. No, sí: los hay. Sobre todo en fueros o causas en las que no están comprometidos poderosos, o grupos económicos. Pero esta certeza no invalida aquella creencia y las sospechas que les van de suyo. Y las sospechas de corrupción, además. Alrededor de todo grupo económico circulan, siempre, grandes sumas de dinero. Y donde abunda el dinero alrededor del poder...
No se enojen conmigo los señores magistrados: es lo que los tipos corrientes, en general, creemos, según me consta luego de vivir muchas décadas, leer los diarios y conversar con el prójimo. Vivir, que le dicen.
La politización de la justicia es, pues, para el ciudadano corriente, una realidad, armada tras años y años de prácticas políticas destinadas a sembrar, por aquí y allá, los famosos jueces amigos del poder que obren de oportuno palenque donde rascarse a la hora de la comezón que causa la inquietud social.
Es de sentido común, pues, que la politización de la justicia es una realidad vieja como el mundo y forma parte del sistema de administración de justicia.
El tema relativamente novedoso que se nos presenta ahora a los azorados ciudadanos que presenciamos el patético espectáculo que ofrecen los políticos profesionales hoy, es la otra cara de este fenómeno de alteración del equilibrio de los poderes del Estado: el de la judicialización de la política.
Y es aquí donde el sentido común opera rápidamente para comprender qué es lo que sucede, es decir, llegar al meollo de la cuestión, luego de eliminar toda la cáscara retórica con la que se la pretende presentar a la opinión pública.
Vea usted, amigo lector, los hechos objetivos.
Uno. El dnu una herramienta utilizada por todos los presidentes de la democracia de la nueva república. En conjunto, fueron emitidos más de mil, algunos de ellos de significativo valor político, otros de consecuencias patrimoniales más que significativas para el ciudadano de a pie. En 1194 adquirió rango constitucional y en este siglo tuvo formulación legislativa su alcance y forma. Jamás se cuestionó ninguno, hasta hoy. Los argumentos para cuestionar este dnu son de dos tipos: el de la cháchara leguleya (la famosa mitad de la biblioteca); y, dos, el del guapo de barrio: siempre hay una primera vez.
Dos. Masivamente, como estampida de búfalos, los políticos que conforman el heterogéneo arco opositor se presentaron en tribunales para objetar, o bien el dnu del desendaudamiento, o bien la ley de medios. Se ha llegado al extremo de presentar denuncias penales contra la Presidenta de la Nación.
Tres. El tema del Banco Central y las reservas internacionales afectan directamente los intereses de los grupos financieros. El tema de la Ley de Medios afecta directamente a poderosos grupos económicos hegemónicos que han venido controlando, entre otras cosas y negocios, la agenda política nacional y el Relato que debe ser impuesto en la opinión pública.
Cuatro. Les guste o no a los señores magistrados, las biografías de algunos de los jueces intervinientes en estos procesos, les permiten imaginar al ciudadano corriente que las causas cayeron en jueces del palo. De palo ideológico, del palo económico. Del palo. Usted entiende, amigo lector.
Dados estos hechos, ¿qué pretenden los armadores de relatos mediáticos que imaginemos los hombres y mujeres del común que vemos el show por tevé?
Pues la respuesta es simple: Lo que vemos con estupor muchos de nosotros, los ignorantes hombres y mujeres del común que seguimos el patético culebrón político-judicial por tevé, es que los grupos afectados por ciertas normas que toma el Gobierno, apelando a los jueces amigos y a los políticos serviles, se lanzaron a imposibilitar, frenar y, si les resulta posible revertir, todas esas normas que los afectan en forma directa. ¿Les molesta que se utilicen términos tales como destituyente, golpismo blanco, desestabilización? Pues pónganle el nombre que quieran. Si tiene cuatro patas, cola de perro, hocico de perro, ladrido de perro y huele como un perro, el puto bicho es un puto perro.
Aprovechándose de la politización de la justicia que han sembrado durante décadas, las corporaciones afectadas se han lanzado a judicializar la política.
Es de puro sentido común.
La situación externa que quiero referir aquí tiene un nombre: judicialización de la política, y su contracara, la politización de la justicia.
Los ciudadanos corrientes, en líneas generales, sabemos, es decir conocemos, que la politización de la justicia forma parte del poder político. La mejor forma que tiene el político profesional (que obra en representación de intereses sectoriales) de hacerse amigo del juez, es poner jueces amigos en la justicia. Esta realidad, que los ciudadanos del común conocemos por el sólo hecho de vivir y registrar lo que se da, lo que se observa, lo que se repite, es algo así como la maldición de la justicia. Una suerte de condena bíblica que hace que los ciudadanos miremos con desconfianza al juez, a los jueces, al sistema de justicia.
Cuando éramos estudiantes y se nos saturaba con la cháchara que elabora la doctrina política y aún la filosofía política, en el capítulo justicia se nos derrumbaban en forma súbita todos los relatos ante la mera lectura, por ejemplo, de la Acordada del 10 de setiembre de 1930.
Y sin ser estudiantes, sino meros espectadores de televisión, por ejemplo, aquella famosa escena captada por las cámaras de TN en la farsa de la justicia catamarqueña que fue el primer juicio por el crimen de María Soledad Morales (que motivó la primera movilización masiva, espontánea, autoconvocada y nacional de nuestra época hiper mediática), mostró en toda su obscenidad al juez amigo del poder, a la politización de la justicia.
Mal que les pese a los señores magistrados, los ciudadanos del común tenemos para nos como algo incorporado y nos es de sentido común que la politización del sistema de adminstración de justicia forma parte de las reglas del juego del poder, y que toda causa que roce o toque al poder o a los poderosos dependerá, en definitiva, de qué juez toque en suerte. Es más, muchos entre los ciudadanos del común tenemos, no ya una percepción firme sino una fuerte sospecha, de que ni siquiera la suerte interviene en esa distribución. Hay veces en las que no pocos entre los ciudadanos del común leen que tal causa se ventilará en un juzgado tal o cual porque surgió de un sorteo; hay veces, repito, que no falta el ciudadano que ante esa noticia se cague de risa.
¿Creemos acaso los hombres corrientes que no existen jueces capaces de obrar conforme a su conciencia, a las leyes, a la doctrina (a alguna doctrina) del Derecho y a su sentido de la Justicia? No, de ninguna manera. Creemos firmemente que tales jueces existen. Y esa creencia se sotiene con el conocimiento de fallos que así lo demuestran. Y no solamente en fallos concretos, sino en actitudes individuales como el apartamiento de una causa. No, yo en ésta no puedo juzgar porque me corresponde las generales de la ley. No, sí: los hay. Sobre todo en fueros o causas en las que no están comprometidos poderosos, o grupos económicos. Pero esta certeza no invalida aquella creencia y las sospechas que les van de suyo. Y las sospechas de corrupción, además. Alrededor de todo grupo económico circulan, siempre, grandes sumas de dinero. Y donde abunda el dinero alrededor del poder...
No se enojen conmigo los señores magistrados: es lo que los tipos corrientes, en general, creemos, según me consta luego de vivir muchas décadas, leer los diarios y conversar con el prójimo. Vivir, que le dicen.
La politización de la justicia es, pues, para el ciudadano corriente, una realidad, armada tras años y años de prácticas políticas destinadas a sembrar, por aquí y allá, los famosos jueces amigos del poder que obren de oportuno palenque donde rascarse a la hora de la comezón que causa la inquietud social.
Es de sentido común, pues, que la politización de la justicia es una realidad vieja como el mundo y forma parte del sistema de administración de justicia.
El tema relativamente novedoso que se nos presenta ahora a los azorados ciudadanos que presenciamos el patético espectáculo que ofrecen los políticos profesionales hoy, es la otra cara de este fenómeno de alteración del equilibrio de los poderes del Estado: el de la judicialización de la política.
Y es aquí donde el sentido común opera rápidamente para comprender qué es lo que sucede, es decir, llegar al meollo de la cuestión, luego de eliminar toda la cáscara retórica con la que se la pretende presentar a la opinión pública.
Vea usted, amigo lector, los hechos objetivos.
Uno. El dnu una herramienta utilizada por todos los presidentes de la democracia de la nueva república. En conjunto, fueron emitidos más de mil, algunos de ellos de significativo valor político, otros de consecuencias patrimoniales más que significativas para el ciudadano de a pie. En 1194 adquirió rango constitucional y en este siglo tuvo formulación legislativa su alcance y forma. Jamás se cuestionó ninguno, hasta hoy. Los argumentos para cuestionar este dnu son de dos tipos: el de la cháchara leguleya (la famosa mitad de la biblioteca); y, dos, el del guapo de barrio: siempre hay una primera vez.
Dos. Masivamente, como estampida de búfalos, los políticos que conforman el heterogéneo arco opositor se presentaron en tribunales para objetar, o bien el dnu del desendaudamiento, o bien la ley de medios. Se ha llegado al extremo de presentar denuncias penales contra la Presidenta de la Nación.
Tres. El tema del Banco Central y las reservas internacionales afectan directamente los intereses de los grupos financieros. El tema de la Ley de Medios afecta directamente a poderosos grupos económicos hegemónicos que han venido controlando, entre otras cosas y negocios, la agenda política nacional y el Relato que debe ser impuesto en la opinión pública.
Cuatro. Les guste o no a los señores magistrados, las biografías de algunos de los jueces intervinientes en estos procesos, les permiten imaginar al ciudadano corriente que las causas cayeron en jueces del palo. De palo ideológico, del palo económico. Del palo. Usted entiende, amigo lector.
Dados estos hechos, ¿qué pretenden los armadores de relatos mediáticos que imaginemos los hombres y mujeres del común que vemos el show por tevé?
Pues la respuesta es simple: Lo que vemos con estupor muchos de nosotros, los ignorantes hombres y mujeres del común que seguimos el patético culebrón político-judicial por tevé, es que los grupos afectados por ciertas normas que toma el Gobierno, apelando a los jueces amigos y a los políticos serviles, se lanzaron a imposibilitar, frenar y, si les resulta posible revertir, todas esas normas que los afectan en forma directa. ¿Les molesta que se utilicen términos tales como destituyente, golpismo blanco, desestabilización? Pues pónganle el nombre que quieran. Si tiene cuatro patas, cola de perro, hocico de perro, ladrido de perro y huele como un perro, el puto bicho es un puto perro.
Aprovechándose de la politización de la justicia que han sembrado durante décadas, las corporaciones afectadas se han lanzado a judicializar la política.
Es de puro sentido común.
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