Hay que frenar la judicialización de la política.
El fallo judicial que hoy provocó que el debate en Diputados fuese finalmente interrumpido -más allá de toda consideración sobre el fallo mismo y la situación sobre la que decidió la justicia, que la tengo- debería servir para que los legisladores que habían decaído en la estupidez supina de buscar que la justicia les dé lo que no pueden obtener en el recinto, se dejen de joder de una buena vez por todas.
Judicializar la política es un recurso que no conduce a nada. Sólo condece a que la sociedad (en general) mire a los rpresentantes que ha votado con desprecio. En términos de modales de barrio, son mariconadas, para decirlo vulgarmente. Y en términos de caracterización política reflexiva, son nada más que un patético espectáculo circense que transcurre a la vista de la ciudadanía. Lucen como obedientes mandaderos de las corporaciones económicas y mediáticas, que los empujan a presentarse ante la justicia para obtener lo que la correlación de fuerzas les impide obtener en los ámbitos políticos.
Han llavado las cosas demasiado lejos. Nadie, absolutamente nadie, les podrá perdonar jamás que hayan presentado denuncias penales contra la Presidenta de la Nación. Tal vez en estos días, por la ceguera que provoca el odio, muchos se vieron tentados en acompañar pasivamente esa medida de baja estofa. Pero mañana, cuando este capítulo de la política argentina sea historia, ese recurso quedará como un signo de mediocridad, si no cobardía, para sus ejecutores, de vergüenza para sus seguidores. Hay cosas de las que no se vuelve; y haberse prestado a esa maniobra es una de esas cosas.
Hay ocasiones en las que no es del todo inoperante, o inútil, hacer ejercicios contrafactuales. Esta es una de esas ocasiones. El fallo fue favorable al gobierno, pero también pudo ser adverso. Y si hubiese sido adverso, el escenario del día siguiente habría sido muy diferente. Habría resultado un escenario mucho más conflictivo. Mucha más peligrosa la gobernabilidad. ¿Por qué poner en manos de un juez semejante poder de modificación de los hechos políticos cuando están vigentes las instituciones políticas?
En la madrugada de julio de 2008, Julio Cobos tomó una decisión política que modificó sustancialmente el escenario político. De esto nadie dudó nunca: más allá de las múltiples interpretaciones, el cambio significativo fue y fue válido. A casi dos años, se sigue discutiendo la calidad moral del vicepresidente, y aun se ha discutido y se seguirá discutiendo la legitimidad de su decisión (figura de la vicepresidencia en la CN), pero nunca se discutió la legalidad del acto. Nunca se discutió el carácter de políticamente procedente de esa decisión. ¿Por qué? Porque la definición surgió del poder político.
No sucede lo propio cuando las modificaciones trascendentes de la política las realiza un individuo que no tiene legitimidad política para hacerlo, como es un juez. ¿Quién le dio representatividad política a un juez para determinar cuál es la política conveniente que debe seguir una administración ejecutiva? La Constitución le da autoridad para reafirmar la constitucionalidad cuestionada de una norma, o para impedir que una norma viole derechos constitucionales. Pero no le da ninguna legitimidad para frenar la ejecutividad de un acto administrativo que compromete la mismísima administración de un estado nacional. La jueza Sarmiento, en su momento, se arrogó el derecho de determinar cuándo -a su criterio- hay o no hay imposibilidad funcional del Congreso. ¿Estaba en receso? ¡Y qué! Yo hubiese llamado a extraordinarias, dice, con otras palabras, la jueza. En otras palabras, claro: "no parece configurarse en este caso" dice de la imposibilidad funcional en su sentencia. "No parece", ¿viste? A mi me parece que se pudo hacer de otro modo.
Pues nadie votó a la doctora Sarmiento para que tome decisiones trascendentes para la patria y su funcionamiento por lo que parece.
Sí recibieron mandato popular Federico Pinedo, Alfondo Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega. Pero la pregunta es: ¿fueron votados para ir a golpear la puerta de los tribunales en perfecta obediencia debida a una opereta surgida desde un grupo económico? Tal vez sí; el problema es que no lo anunciaron en sus respectivas campañas electorales.
Anoche mismo dijo en la cámara de Diputados Elisa Carrió, luego de notificarse junto a sus pares de la sentencia judicial que finalmente abortó la sesión que pretendía -¡además!- declarar la nulidad de los dnu, "si la señora presidenta hubiese mandado un proyecto de ley en diciembre ya habríamos resuelto el tema". El mismo razonamiento sirve para esto: Si esos cuatro diputados no hubiesen ido a llorar un ¡pido, pido! a un juzgado, el tema ya estaría resuelto. Aquí sí, en este caso, el ejercicio contrafactual es una perfecta pelotudez.
Elisa Carrió suele declarar cosas como ésta: "No hay modo de relación con Kirchner que no sea la ´no relación´ porque no tienen buena fe y lo único que buscan es una relación perversa de uso y abuso. Fuimos votados para poner fin a la prepotencia". Perversidad, prepotencia, autoritarismo, fascismo, ladrones, mafia... Diarrea verbal. Y llorar ante la justicia y ante las embajadas de países amigos. Consuela leer que en la misma nota afirma, refiriéndose a ellos mismos, o sea, el arco opositor: "es lo que hay; es lo que el pueblo votó".
El pueblo también votó a un Poder Ejecutivo para que ejecute por cuatro años más las mismas políticas económicas que había practicado su antecesor durante los cuatro años anteriores. Las dos votaciones están vigentes. No está el Congreso para cogobernar, ni para cambiar el rumbo económico. Para eso está el 2011.
La resolución judicial que declaró nula la nueva chambonada de Julio Cobos y la prepoteada de los opositores que no terminan de digerir la verdadera correlación de fuerzas en el Congreso, que se aferran al cuentito del 70 por ciento opositor que quiere cambiar el modelo, puede servir para dos cosas: O para que, zaheridos, pergeñen nuevas arremetidas contra el ejecutivo, mariconadas incluídas; o, dos, para reflexionar seriamente sobre una realidad que les cuesta aceptar pero que tendrán que aceptar de todos modos: no pueden cambiar el modelo mientras Cristina Fernández sea la Presidenta. Lo ha dicho ya en diez mil oportunidades. Escúchenla. No habrá cambio de rumbo. No lo hará. Ni el pueblo quiere que lo haga. No pueden seguir obedeciendo ciegamente a los grupos económicos que les escriben el libreto desde los grandes medios, o que los reprenden desde esos mismos medios cuando no hacen las cosas lo suficientemente dañinas como para paralizar al oficialismo. Se están incinerando a lo bonzo.
La judicialización de la politica es el peor camino que pudieron elegir. Urge salir de esa trampa lo más rápido posible. Conduce a la desnaturalización de la división de poderes; conduce al absurdo institucional. Conduce a la ingobernabilidad.
Reflexionen, señores legisladores. Si el pueblo los está observando con mucha atención y, por ahora, gracias a Dios pasivamente, ¿por qué no observan ustedes, a su vez, al pueblo? Si lo hibieran, se darían cuenta de que el pueblo no los valora como a ustedes les hicieron creer los escribas de los grandes medios que el pueblo los valora. El pueblo es mucho más observador de lo que les han hecho creer. Y tiene memoria.
Judicializar la política es un recurso que no conduce a nada. Sólo condece a que la sociedad (en general) mire a los rpresentantes que ha votado con desprecio. En términos de modales de barrio, son mariconadas, para decirlo vulgarmente. Y en términos de caracterización política reflexiva, son nada más que un patético espectáculo circense que transcurre a la vista de la ciudadanía. Lucen como obedientes mandaderos de las corporaciones económicas y mediáticas, que los empujan a presentarse ante la justicia para obtener lo que la correlación de fuerzas les impide obtener en los ámbitos políticos.
Han llavado las cosas demasiado lejos. Nadie, absolutamente nadie, les podrá perdonar jamás que hayan presentado denuncias penales contra la Presidenta de la Nación. Tal vez en estos días, por la ceguera que provoca el odio, muchos se vieron tentados en acompañar pasivamente esa medida de baja estofa. Pero mañana, cuando este capítulo de la política argentina sea historia, ese recurso quedará como un signo de mediocridad, si no cobardía, para sus ejecutores, de vergüenza para sus seguidores. Hay cosas de las que no se vuelve; y haberse prestado a esa maniobra es una de esas cosas.
Hay ocasiones en las que no es del todo inoperante, o inútil, hacer ejercicios contrafactuales. Esta es una de esas ocasiones. El fallo fue favorable al gobierno, pero también pudo ser adverso. Y si hubiese sido adverso, el escenario del día siguiente habría sido muy diferente. Habría resultado un escenario mucho más conflictivo. Mucha más peligrosa la gobernabilidad. ¿Por qué poner en manos de un juez semejante poder de modificación de los hechos políticos cuando están vigentes las instituciones políticas?
En la madrugada de julio de 2008, Julio Cobos tomó una decisión política que modificó sustancialmente el escenario político. De esto nadie dudó nunca: más allá de las múltiples interpretaciones, el cambio significativo fue y fue válido. A casi dos años, se sigue discutiendo la calidad moral del vicepresidente, y aun se ha discutido y se seguirá discutiendo la legitimidad de su decisión (figura de la vicepresidencia en la CN), pero nunca se discutió la legalidad del acto. Nunca se discutió el carácter de políticamente procedente de esa decisión. ¿Por qué? Porque la definición surgió del poder político.
No sucede lo propio cuando las modificaciones trascendentes de la política las realiza un individuo que no tiene legitimidad política para hacerlo, como es un juez. ¿Quién le dio representatividad política a un juez para determinar cuál es la política conveniente que debe seguir una administración ejecutiva? La Constitución le da autoridad para reafirmar la constitucionalidad cuestionada de una norma, o para impedir que una norma viole derechos constitucionales. Pero no le da ninguna legitimidad para frenar la ejecutividad de un acto administrativo que compromete la mismísima administración de un estado nacional. La jueza Sarmiento, en su momento, se arrogó el derecho de determinar cuándo -a su criterio- hay o no hay imposibilidad funcional del Congreso. ¿Estaba en receso? ¡Y qué! Yo hubiese llamado a extraordinarias, dice, con otras palabras, la jueza. En otras palabras, claro: "no parece configurarse en este caso" dice de la imposibilidad funcional en su sentencia. "No parece", ¿viste? A mi me parece que se pudo hacer de otro modo.
Pues nadie votó a la doctora Sarmiento para que tome decisiones trascendentes para la patria y su funcionamiento por lo que parece.
Sí recibieron mandato popular Federico Pinedo, Alfondo Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega. Pero la pregunta es: ¿fueron votados para ir a golpear la puerta de los tribunales en perfecta obediencia debida a una opereta surgida desde un grupo económico? Tal vez sí; el problema es que no lo anunciaron en sus respectivas campañas electorales.
Anoche mismo dijo en la cámara de Diputados Elisa Carrió, luego de notificarse junto a sus pares de la sentencia judicial que finalmente abortó la sesión que pretendía -¡además!- declarar la nulidad de los dnu, "si la señora presidenta hubiese mandado un proyecto de ley en diciembre ya habríamos resuelto el tema". El mismo razonamiento sirve para esto: Si esos cuatro diputados no hubiesen ido a llorar un ¡pido, pido! a un juzgado, el tema ya estaría resuelto. Aquí sí, en este caso, el ejercicio contrafactual es una perfecta pelotudez.
Elisa Carrió suele declarar cosas como ésta: "No hay modo de relación con Kirchner que no sea la ´no relación´ porque no tienen buena fe y lo único que buscan es una relación perversa de uso y abuso. Fuimos votados para poner fin a la prepotencia". Perversidad, prepotencia, autoritarismo, fascismo, ladrones, mafia... Diarrea verbal. Y llorar ante la justicia y ante las embajadas de países amigos. Consuela leer que en la misma nota afirma, refiriéndose a ellos mismos, o sea, el arco opositor: "es lo que hay; es lo que el pueblo votó".
El pueblo también votó a un Poder Ejecutivo para que ejecute por cuatro años más las mismas políticas económicas que había practicado su antecesor durante los cuatro años anteriores. Las dos votaciones están vigentes. No está el Congreso para cogobernar, ni para cambiar el rumbo económico. Para eso está el 2011.
La resolución judicial que declaró nula la nueva chambonada de Julio Cobos y la prepoteada de los opositores que no terminan de digerir la verdadera correlación de fuerzas en el Congreso, que se aferran al cuentito del 70 por ciento opositor que quiere cambiar el modelo, puede servir para dos cosas: O para que, zaheridos, pergeñen nuevas arremetidas contra el ejecutivo, mariconadas incluídas; o, dos, para reflexionar seriamente sobre una realidad que les cuesta aceptar pero que tendrán que aceptar de todos modos: no pueden cambiar el modelo mientras Cristina Fernández sea la Presidenta. Lo ha dicho ya en diez mil oportunidades. Escúchenla. No habrá cambio de rumbo. No lo hará. Ni el pueblo quiere que lo haga. No pueden seguir obedeciendo ciegamente a los grupos económicos que les escriben el libreto desde los grandes medios, o que los reprenden desde esos mismos medios cuando no hacen las cosas lo suficientemente dañinas como para paralizar al oficialismo. Se están incinerando a lo bonzo.
La judicialización de la politica es el peor camino que pudieron elegir. Urge salir de esa trampa lo más rápido posible. Conduce a la desnaturalización de la división de poderes; conduce al absurdo institucional. Conduce a la ingobernabilidad.
Reflexionen, señores legisladores. Si el pueblo los está observando con mucha atención y, por ahora, gracias a Dios pasivamente, ¿por qué no observan ustedes, a su vez, al pueblo? Si lo hibieran, se darían cuenta de que el pueblo no los valora como a ustedes les hicieron creer los escribas de los grandes medios que el pueblo los valora. El pueblo es mucho más observador de lo que les han hecho creer. Y tiene memoria.
Alfredo Arri
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