Ley de medios audivisuales y la Corte Suprema.

Medios. Política nacional.

La ley de medios audivisuales continúa su camino. Vamos hacia la liberación cultural.

La Corte Suprema de Justicia puso negro sobre blanco en una cuestión básica para el estado de derecho en una república: la consagración formal de la certeza que el sentido común del ciudadano del común había expuesto con estupor desde el primer día: El fallo de primera instancia de la justicia federal mendocina y la ratificación de ese fallo por parte de la cámara correspondiente, que ponía en manos de un perdidoso diputado irresponsable todo el poder coercitivo del Estado para suspender en su totalidad una ley votada democráticamente, era tal y como lo sospechaba ese sentido común del ciudadano de a pie: un despropósito; una prepoteada de un malevo regional en correspondencia con poderes reales afectados por la ley; una guarrada política; un desaguisado jurídico. Esto, sin mencionar las sospechas que el ciudadano de a pie se ha hecho y se hace alrededor de las motivaciones personales que los diputados Enrique Thomas, Beatriz Daher, Silvana Giúdice y otros pudieran tener para ingresar en ese terreno auto descalificador de los despropósitos.

La Ley de Medios, por su propia naturaleza de madre de todas las leyes en este período de confrontanción de modelos (aquí y en el mundo), será la más judicializada de todas. Es natural: los perjudicados por la ley, poderes fácticos con poder verdadero, no entregarán sus posiciones así nada más. No sólo por la pérdida de significativas sumas dinerarias -común a toda empresa comercial afectada por una ley- sino por la pérdida de la exclusividad en el manejo de la agenda mediática. En otras palabras: los poderes fácticos no se resignarán a perder la exclusividad en el control de la opinión pública. Porque de eso se trata la ley de medios. Aquí y en la China. Habrá mil juicios. Eso era y es esperable. Pero también era esperable que la Corte Suprema de Justicia pusiera negro sobre blanco en cuestión tan elemental: las disputas políticas se deben resolver en la política, más precisamente en el ámbito legislativo. Y las guarradas políticas no pueden hacer perder tiempo al Estado, al sistema de Administración de Justicia. Como bien lo dice Mario Wainfeld en su nota de hoy en Pagina/12, la Corte fue piadosa con este conjunto de ciudadanos mendocinos.

Dicho sea de paso, la Corte estuvo piadosa con el demandante Thomas. Le tiró por la cabeza (a él y a los camaristas de Mendoza) las primeras bolillas de derecho constitucional y procesal, le refregó jurisprudencia y doctrina añosas, pero no sancionó su malicia. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, pleitear con consciente mala fe es un ejemplo y las normas facultan a los sentenciantes a sancionar a quienes incurran en esas tropelías. Si no fue esta vez, podría ser para otros diputados que insistan en reclamos temerarios, tras la diáfana advertencia de ayer.

Y un párrafo antes:

Ninguna sentencia se propaga a otro juicio, pero la suerte de muchos trámites similares al de Thomas está echada. Así será, por ejemplo, con el iniciado por la diputada peronista disidente salteña Beatriz Daher, adivinen en qué provincia. Es, en sustancia, igual al de Thomas, tiene sentencia favorable en primera instancia, está en Cámara. Si Daher tuviera decoro institucional y deseara evitar un dispendio de actividad a los tribunales, debería desistir su reclamo. Pero el decoro institucional es infrecuente en la corporación política... ni qué decir en el peronismo disidente y, por añadidura, en los pagos del ex gobernador Juan Carlos Romero.

fuente: Mario Wainfeld, No puede ser cualquiera. Pagina/12 16/06/10

En otras palabras: era tan berreta la maniobra mendocina que ni siquiera puede ser presentado este fallo de la CSJ como una victoria para el oficialismo, o el gobierno. Es, apenas, una ratificación, desde el tribunal supremo de justicia, de que la sospecha que estaba en el imaginario colectivo en el sentido de que la maniobra del grupo Vila Manzano era una absurda prepoteada, con destino de reprimenda judicial y vituperio social.

También está en el imaginario colectivo, por ejemplo, otro absurdo que espera igual respuesta de la CSJ. Me refiero a la pretensión de la provincia de San Luis de que es el estado provincial el dueño de las ondas de radiofrecuencia y que es el estado federal quien dispondrá libremente de ellas. Esto es otro absurdo, cuya exposición por parte de un estado federal tiene una única explicación: el terror pánico por parte de un estado provincial de formas cuasi feudales a perder el control de la psiquis de sus ciudadanos provinciales. No tiene otra explicación. Y no tiene fundamento alguno, ni jurídico, ni de sentido común. Nadie ignora que el sentido común no es criterio jurídico, pero para el ciudadano de a pie, el sentido común sí es criterio válido al momento de prestarse a la conformidad cívica en un estado de derecho.

La Ley de medios audiovisuales seguirá su camino hacia su aplicación plena. No será fácil y el camino será largo. Pero será. Y los beneficios que traerá recién se verán luego de muchos años, cuando una lograda democratización de medios de comunicación logren aniquilar de una vez por todas la dominación cultural de todo un pueblo. Aniquilar décadas de sometemiento cultural costará mucho, pero el camino hacia ese logro está abierto.

Alfredo Arri

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